Nuevas declaraciones complican a La Moneda en fallida compra de casa de Salvador Allende
La declaración del abogado José Cortés, asesor jurídico del Servicio de Patrimonio Cultural (Serpat), ha intensificado las dudas en torno a la información que manejó el Presidente Gabriel Boric cuando firmó el decreto 38, que dio luz verde a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja.
Cortés aseguró ante la fiscalía que el 11 de junio de 2024 advirtió en una reunión con asesores de Presidencia sobre las inhabilidades legales que acarreaba la transacción, dado que dos de las propietarias del inmueble eran la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. Según el abogado, estas advertencias fueron comunicadas reiteradamente a distintas instancias gubernamentales.
Este testimonio se suma al de Macarena Diez, exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, quien también declaró haber alertado sobre las inhabilidades. Sin embargo, las versiones de ambos han sido negadas por asesores de Presidencia, en especial por Bernardita Nazar, quien declaró que “nunca se levantó ninguna alerta de inhabilidad, impedimento legal o constitucional” durante el proceso.
La controversia ha adquirido mayor relevancia después de que Francisca Moya, jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres, reconociera ante la comisión investigadora de la Cámara que el 28 de noviembre de 2024, cuando llevó el decreto 38 al Presidente Boric, ya tenía conocimiento de las inhabilidades.
El propio Mandatario había declarado en marzo a Chilevisión que desconocía las restricciones legales al momento de firmar el decreto. Sin embargo, las recientes revelaciones han puesto en entredicho la información que manejó el Ejecutivo y han profundizado la crisis en La Moneda.
El caso ya ha provocado la salida de las ministras Javiera Sandoval (Culturas) y Maya Fernández (Defensa), además de la cesación del cargo de la senadora Isabel Allende, decretada por el Tribunal Constitucional tras requerimientos de Chile Vamos y Republicanos.
Las nuevas declaraciones refuerzan las dudas sobre el manejo interno del caso y podrían derivar en nuevas responsabilidades dentro del gobierno.
